Las Comisiones Provinciales de Libertad Condicional, instituidas en el Reglamento de servicios de prisiones de 14 de Noviembre de 1930 serán las responsable de estudiar y seleccionar las propuestas de concesión de libertad condicional presentadas por las Juntas de Disciplina de las prisiones donde el penado estuviera extinguiendo su sentencia. Sus decisiones eran elevadas a la Dirección General de Prisiones para su estudio y nueva selección por la Comisión Asesora de Libertad Condicional.

Estarán formadas por un presidente y vocales. En el caso de las capitales con Audiencia Territorial la presidencia la ostentará el presidente de la Audiencia, y como vocales estarán el fiscal de la Audiencia, los directores de las prisiones centrales y provinciales radicadas en la provincia, un miembro de la Junta del Patronato para la redención de las penas por el trabajo, un cura párroco y dos vecinos distinguidos por sus conocimientos en materias penitenciarias. Por su parte en las capitales sin Audiencia Territorial la presidencia recaerá en el el presidente de la prisión provincial y como vocales estarán el fiscal, el magistrado más antiguo, los directores de las prisiones centrales y provinciales radicadas en la provincia, un cura párroco y dos vecinos.

Las Comisiones Provinciales de Libertad Condicional, mediante el decreto de 9 de junio de 1939 sobre la conexión de la redención de las penas por el trabajo y la aplicación de la libertad condicional extenderán su competentia a proponer la condonación de penas que figuren como redimidas por el trabajo, en los expendientes de propuesta para la concesión de la libertad condicional.