La creación del Tribunal Superior de Justicia de Aragón viene establecida en la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. Pero no será hasta la promulgación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, cuando se supriman definitivamente las Audiencias Territoriales y se fijen las funciones y límites de los nuevos Tribunales Superiores de Justicia.

Por Acuerdo de 10 de mayo de 1989, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, se dispone la constitución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Según esta disposición el día 23 de mayo de 1989 se constituye el tribunal, toman posesión sus miembros y se inicia el ejercicio de sus competencias en materia civil, penal, contencioso-administrativo y de lo social. Toma el nombre de la Comunidad Autónoma y extiende su jurisdicción al ámbito territorial de ésta. Paralelamente se produce la desapareciendo la Audiencia Territorial de Zaragoza.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Aragón, y ante el que se agotarán las sucesivas instancias procesales cuando no hayan concluido ante otro órgano jurisdiccional radicado en la Comunidad Autónoma, y sin perjuicio de las competencias del Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón conocerá, en todo caso, de los recursos de casación fundados en la infracción del Derecho propio de Aragón, así como de los recursos extraordinarios de revisión que contemple la Ley contra las resoluciones firmes de los órganos jurisdiccionales radicados en Aragón. También ejercerá las demás funciones que en materia de Derecho estatal establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón está integrado por las salas de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social; y a ellas hay que añadir la Sala de Gobierno que, como su nombre indica, desarrolla funciones gubernativas.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón es el representante del Poder Judicial en Aragón. Es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.